Pero no se puede expresar esta convicción sin pasar por alto la gravedad de los hechos delictivos que ocurren a diario y el permanente estado de inseguridad para la vida y la propiedad de las personas, que son la base de sustentación para la reacción ciudadana que, por temor e indignación, llega en muchas ocasiones a convertirse en clamor público que exige de quienes ostentan el poder la aplicación de las más severas sanciones para los delincuentes, exigencia que en ciertas épocas de crisis como la que actualmente vive Ecuador puede llegar a un clímax vindicativo que, en su enconado fervor, llega a exigir el privar de la vida al malhechor.
Mientras el Estado continúe fracasando en garantizar una plena seguridad a los ciudadanos y una eficiente prevención y represión a la delincuencia, no cesarán las demandas de una lastimada conciencia colectiva para que se implanten castigos severos que llegan a incluir el ajusticiamiento del culpable; o, lo que es peor, que la indignación unida a la ignorancia encuentren en los castigos degradantes o en el linchamiento el mejor sustituto a la ineficacia de la ley y de los tribunales.
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