Una reforma al literal "J" del artículo "24" de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), promovida por el bloque oficialista Alianza País (AP), podría dar vía libre a que cualquier funcionario público, sus cónyuges y familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, suscriban contratos con el Estado, bajo la única condición de que no sea con la entidad en la que trabajan.
En la normativa actual, se prohíbe al servidor público "resolver asuntos, gestionar, tramitar, emitir informes, intervenir o suscribir convenios y contratos con el Estado", mientras que en el proyecto de reforma discutido ayer en primer debate en la Asamblea, se reemplaza "con el Estado" por los incisos "previstos en la Ley Orgánica de Contratación Pública, por sí o por interpuesta persona, con las instituciones del sector público determinadas en el artículo 225 de la Constitución, en las que laboran sus entidades adscritas".
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