Funesto precedente para la censura previa - 22/Septiembre/2011 | Explored | Archivo de Noticias de Ecuador

La ratificación de la sentencia contra el diario El Universo, sus directivos y el excolumnista de opinión Emilio Palacio por su artículo "No a las mentiras" es un golpe para la justicia y la democracia en la República de Ecuador. Y crea precedentes funestos para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

Lo primero, por las irregularidades del proceso, la desigualdad en la que estuvieron las partes, la celeridad con la que se dictó la sentencia de primera instancia, la oposición para copiar otros discos de la Corte que arrojarían luces sobre el origen del usuario que redactó el fallo, la demanda presentada a título personal con una promoción de la causa en las cadenas sabatinas o espacios públicos; todo, en medio de una reorganización en la que la Función Judicial depende de un Consejo de la Judicatura que responde al Gobierno.

Lo segundo, porque lesiona la libertad de expresión, sustento de la democracia. La sentencia condena a tres años de cárcel al columnista Palacio y a Carlos, César y Nicolás Pérez, directivos de El Universo, y les obliga a pagar $40 millones como indemnización al presidente Correa. La prisión en los llamados delitos de prensa, como el desacato y la injuria contra las autoridades, ha sido desterrada con su despenalización en la mayoría de legislaciones de América Latina. La condena de indemnización desmesurada -$40 millones, cuando el país ha pagado 20 y hasta 40 veces menos por crímenes del Estado como los de los hermanos Restrepo o la profesora Consuelo Benavides- tiene una función intimidatoria para el libre debate, la crítica al poder, la expresión de discrepancias, prácticas propias en una democracia. Pero más grave aún es el precedente que se crea al responsabilizar a los directivos del diario de los contenidos de una columna de opinión con la firma de responsabilidad de su autor. Aceptar esa interpretación extensiva de la responsabilidad ulterior es propiciar la censura previa, prohibida por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Ecuador.