Incertidumbre entre los empleados y pacientes | HOY

Las renuncias obligatorias en el sector público continúan, al igual que los inconvenientes en hospitales como el Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, que aún no normaliza sus actividades tras la salida de decenas de médicos y enfermeras el pasado 28 de octubre.
Los últimos despidos en el Puerto Principal se registraron en la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) el martes último. Alrededor de 30 empleados fueron notificados mediante acción de personal de la compra obligatoria de sus renuncias en horas de la mañana, y otros 8 en la tarde.
"El ambiente (laboral) está tenso, nadie sabe cuando le toca", comentó un empleado que prefirió mantener el anonimato. Mientras que Jorge Jiménez, quien se desempeñó como jefe de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, no descartó presentar un amparo constitucional.
Jiménez fue despedido en junio de 2009 tras la supresión de su partida, y recuperó su trabajo por esa vía. "No pasa ni un año y otra vez (me quedé sin trabajo)", lamentó Jiménez.
"Es arbitrario desde todo punto de vista e inconstitucional", aseveró respecto al Decreto 813, que expidió el Ejecutivo en julio anterior y consagró la compra de renuncias obligatorias. "Yo no salgo por corrupto ni por deshonesto, ni porque falto, mi hoja de vía es intachable", reclamó.
La institución se maneja con total hermetismo, y ha evitado pronunciarse.