Como se dijo desde el momento que se planteó el texto, el objetivo supremo es poner mordaza a la prensa, uno de los pocos sectores que aún estorban al poder en el Gobierno de la República de Ecuador, ya que no se ha sometido a su voluntad. Pasando la ley, se habrá burlado todo el discurso conciliador desde la Asamblea, incluyendo el acuerdo ético-político de finales de 2009 en el que confluyeron todos los sectores representados en la Legislatura.
El Gobierno y su mayoría móvil en la Asamblea se han enfrentado con todos los sectores críticos a que se ponga restricciones a los medios de comunicación, incluyendo organizaciones como la CIDH que representa a organismos como la OEA que tienen normas y leyes de las cuales el país es suscriptor. Últimamente, tampoco ha hecho caso a las admoniciones de la WAN-IFRA, por más que represente a 20 000 periódicos y 18 000 mil páginas WEB a escala mundial.
Siempre se supo, y así se dijo, que el control ideológico de la comunicación era la máxima aspiración de quienes detentan hoy el poder político en Ecuador.
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