La orden de desalojo fue pedida por la Secretaría Nacional del Agua (Senagua).
Los uniformados, dirigidos por el jefe de la Policía Rural de la provincia de Manabí, Wilmer Cuellar, y equipados con chalecos, armas, escudos y lanzando gases lacrimógenos, incursionaron en la propiedad de Alfredo Zambrano Vera, de 73 años de edad y habitante de Río Grande. Él es propietario de 37 hectáreas en las que se levanta la represa, declarada de utilidad pública, según denunciaron organismos de derechos humanos.
Según la denuncia, la intención era desalojar a 40 habitantes que habían llegado desde otras comunas con el fin de interrumpir los trabajos en el campamento y el tape de la represa.
Este proyecto comprende un sistema de alcantarillado para evitar las anegaciones en la ciudad de Chone, cabecera del cantón homónimo, que incluye una represa en Río Grande, obra que rechazan los habitantes del sector porque implica dejar sus tierras.
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