Otro argumento para propiciar el reparto de la tierra, a criterio de los dirigentes de las organizaciones indígenas y campesinas, es que, de esa manera, se detendrá la enorme migración del campo a la ciudad, tal y como se reveló en el último censo. Sin embargo, en la ley se propone afectar únicamente el 0,16% de las 828.267 unidades productivas agropecuarias (UPA) que existen en la República de Ecuador, de acuerdo al último Censo Agrícola del año 2000, por lo que no parece tan cierto que se mermará la migración a las ciudades.
Los campesinos dicen también que no es verdad que se repetirá lo ocurrido décadas atrás con la Reforma Agraria, que terminó fragmentando la tierra, la que quedó luego valdía. Esta vez, quieren acceso a la tierra, al agua y a las semillas; antes de solo distribuir la tierra, ahora se piensa en producir para alimentar a la gente. El último censo dio cuenta de que la mayoría de las unidades agrícolas de la Sierra está entre las 5 y las 20 hectáreas, por lo que es confuso el alcance de la propuesta.
Acotación mía:
Creo que nunca tendrá ningún gobierno que así lo quiera una reforma agraria realmente exitosa mientras éste no se dé cuenta de una forma consciente de que es menester primero -antes que cualquier movimiento político para repartir las tierras- poder alcanzar una educación general en la que aprendemos de corazón -conscientemente- los seres humanos que convivir divididos, cada familia por su lado, aislados de los demás, velando sólo por lo propio y sin importarles el entorno que los rodea, no es lo mismo en absoluto que convivir los miembros de toda la comunidad unidos y trabajando para el bienestar de todos, tal y como todavía lo hacen algunas -lamentablemente muy contadas- comunidades ecuatorianas.
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