Con la descarada connivencia de la policía local, seguidores del Gobierno actual con cobarde violencia e insultos apedrearon y asaltaron el edificio de la alcaldía del cantón Santa Isabel en la provincia de Azuay. Mientras tanto, otras personas por haber hecho menos de aquello o nada parecido a aquello están presas por años o, sino, están siendo perseguidas, como ciertos periodistas o dirigentes barriales o políticos.
Una vez más, se pone en evidencia la actitud prepotente y autoritaria por parte del gobierno de Correa. La Directiva Nacional del MPD (Movimiento Popular Democrático) denunció y rechazó el asalto a la municipalidad de Santa Isabel en la provincia de Azuay, que se planifica desde las altas esferas y que a través del gobernador de la provincia, Humberto Cordero, este 27 de octubre, con la "colaboración" de más de 400 policías, intentaron desalojar a los miembros que laboran en el edificio de la municipalidad de este cantón. Cabe señalar que el Municipio de Santa Isabel aprobó recientemente una ordenanza antiminera a gran escala y, en represalia, el Gobierno ordenó inconstitucionalmente el bloqueo de las cuentas de la municipalidad; es decir que a más de meterle la mano a la justicia nacional, hoy se lo pretende hacer con los gobiernos autónomos locales, según indicó Luis Villacis, dirigente nacional del MPD; adicionalmente, se ha emprendido un proceso de persecución por parte del actual régimen a través de la concejal de Alianza País Miriam Guartan en contra del alcalde legítimamente elegido, Rodrigo Quezada, con el fin de apoderarse del gobierno municipal para conseguir sus propósitos.
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